Fuerte rechazo vecinal al estacionamiento subterráneo en Plaza Armenia: cuestionan el decreto y el proceso de adjudicación
La construcción de un estacionamiento subterráneo bajo la Plaza Inmigrantes de Armenia, en el barrio porteño de Palermo, continúa generando una fuerte controversia. Vecinos, organizaciones barriales y representantes comunales denuncian que el proyecto avanza con presuntas irregularidades administrativas y sin haber cumplido, según sostienen, con instancias obligatorias de participación ciudadana y evaluación ambiental.
El conflicto volvió a tomar fuerza el viernes pasado, cuando decenas de personas se reunieron en la plaza para manifestar su rechazo a la iniciativa. De la convocatoria participaron vecinos, organizaciones sociales y los comuneros Santiago Bermúdez y Pacha Carriot, quienes se apersonaron en el reclamo en defensa del espacio público.
Durante la protesta también estuvo presente Lucía Carew, histórica vecina de Palermo y responsable de la tradicional calesita ubicada dentro de la plaza. La referente barrial advirtió que el cierre del predio durante el tiempo que demandaría la obra tendría un fuerte impacto sobre la vida cotidiana del barrio, afectando tanto a quienes utilizan diariamente el espacio verde como a comerciantes, feriantes y emprendedores que desarrollan allí sus actividades.
Como parte de la jornada, los asistentes exhibieron fotografías, ilustraciones y documentos históricos que reflejan la evolución de Plaza Armenia y el aporte que realizaron los propios vecinos para consolidarla como uno de los principales espacios de encuentro de Palermo.
El origen del proyecto
La propuesta para construir el estacionamiento no fue impulsada originalmente por el Gobierno porteño, sino por E-Arg SRL, una empresa constituida en junio de 2024 con un capital social de un millón de pesos y sin antecedentes públicos conocidos en obras de estas características.
La administración de la Ciudad habilitó el procedimiento mediante el Decreto 378/25, firmado por Hernán Lombardi y Gabriel Sánchez Zinny, utilizando como fundamento la Ley 3.058 de Estacionamientos Disuasorios, sancionada en 2009.
Precisamente allí se concentra uno de los principales cuestionamientos. Esa normativa fue creada para promover estacionamientos ubicados junto a estaciones ferroviarias y de subte, con el objetivo de desalentar el ingreso de vehículos al centro de la Ciudad mediante la combinación con el transporte público.
Los vecinos sostienen que Plaza Armenia nunca integró el listado previsto por esa ley y que su incorporación mediante un decreto modifica el espíritu original de la norma.
Las objeciones
Otro de los puntos que genera polémica es el esquema previsto para la licitación. El pliego otorga a la empresa impulsora del proyecto un derecho de preferencia, por lo que, si otra firma presentará una propuesta equivalente, E-Arg SRL tendría prioridad para quedarse con la concesión.
Además, el proyecto contempla una explotación privada durante 20 años, con un canon superior a los 95 millones de pesos mensuales.
Las organizaciones vecinales también cuestionan que no se haya realizado un estudio de impacto ambiental previo ni una audiencia pública antes de impulsar la iniciativa. A eso suman que, según afirman, existen estacionamientos privados con disponibilidad en la zona, por lo que consideran innecesaria una obra de esta magnitud.
También recuerdan que uno de los propietarios de la empresa, Martín Kocourek, estuvo vinculado anteriormente a otro proyecto relacionado con intervenciones en espacios públicos que también generó cuestionamientos.
Reclamo judicial
Mientras continúa la discusión, vecinos y organizaciones barriales ya presentaron un amparo judicial para intentar frenar el avance del proyecto hasta que se analice la legalidad del procedimiento.
Además de solicitar la suspensión de la obra, exigen la derogación del Decreto 378/25 y reclaman que la Legislatura porteña revise la Ley 3.058 para impedir que plazas y espacios verdes puedan incorporarse a este tipo de iniciativas mediante interpretaciones administrativas.
Para quienes impulsan el reclamo, la discusión trasciende la construcción de un estacionamiento. Afirman que el debate gira en torno a la protección de los espacios públicos, la transparencia en las decisiones del Estado y el derecho de los vecinos a participar cuando se proyectan intervenciones que modifican de manera permanente lugares que forman parte de la identidad del barrio.
