Profesionales independientes en alerta por nuevas exigencias fiscales
La reciente Resolución General 5824/2026 de ARCA, vigente desde el 1° de julio, encendió las alarmas en estudios pequeños y entre profesionales que trabajan de manera independiente. La normativa obliga a abogados, peritos, traductores, directores de sociedades y socios gerentes de SRL a emitir factura electrónica y registrarse en el régimen de IVA exento, lo que implica la pérdida de la exención que hasta ahora tenían.
Aunque el organismo sostiene que la medida busca reforzar el control tributario, los afectados advierten que se traduce en más gastos y trámites. La necesidad de invertir en sistemas, capacitarse y realizar nuevas gestiones llega en un momento de caída de la actividad y ajustes generalizados. “No hay plazos de adaptación ni apoyo estatal, y eso nos deja en desventaja”, señalaron desde un colegio profesional.
El reclamo central es que la obligación no viene acompañada de una simplificación real del esquema impositivo, lo que convierte la medida en una carga adicional más que en una herramienta de modernización.
En paralelo, el Gobierno confirmó la extensión del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones hasta julio de 2027. Sin embargo, la prórroga no incluye beneficios para emprendimientos locales ni proyectos de menor escala, lo que refuerza la percepción de que las políticas fiscales favorecen a los grandes capitales mientras los pequeños actores deben enfrentar mayores exigencias.
