El Gobierno derogó una norma de 2002 y cambió las reglas del negocio del gas: apunta a ordenar el mercado y potenciar exportaciones
El DNU 580/2026 eliminó el régimen especial que regía desde la crisis de 2002 para determinados contratos de exportación de gas natural. La medida busca unificar criterios tarifarios y avanzar con la reconfiguración del sistema de transporte energético.
El Gobierno nacional avanzó con una nueva modificación en el esquema energético argentino. A través del Decreto de Necesidad y Urgencia 580/2026, publicado en el Boletín Oficial, derogó una norma vigente desde 2002 que establecía un tratamiento diferencial para determinados contratos vinculados a la exportación de gas natural.
La decisión, firmada por el presidente Javier Milei y el equipo económico, apunta a eliminar distorsiones regulatorias y establecer un nuevo esquema para el transporte de gas, en el marco del proceso de reorganización del sistema energético impulsado por la actual administración.
El decreto dejó sin efecto el Decreto 689/2002, una norma dictada durante la emergencia económica posterior a la crisis de convertibilidad, que exceptuaba de ciertas restricciones a tarifas y contratos de transporte y comercialización de gas destinado a la exportación.
Según el Gobierno, aquel régimen excepcional “carece de justificación en el marco regulatorio vigente” y generaba diferencias entre los usuarios del sistema de transporte, ya que la infraestructura utilizada para exportar gas se encuentra dentro del territorio nacional y debe ser remunerada bajo criterios homogéneos.
El Gasoducto Perito Moreno, en el centro de la reforma
Uno de los puntos centrales del decreto está vinculado al Gasoducto Perito Francisco Pascasio Moreno, una obra estratégica para aumentar la capacidad de transporte desde Vaca Muerta hacia los principales centros de consumo y potenciales mercados internacionales.
El Gobierno estableció que el nuevo precio unificado de la capacidad de transporte del gasoducto deberá ser definido por el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, tomando como referencia el precio adjudicado en los procesos de ampliación de capacidad.
La medida busca evitar diferencias entre los distintos cargadores del sistema y generar mayor previsibilidad para empresas productoras, transportistas e inversores.
Más libertad para exportar gas
El decreto se enmarca en la política energética oficial que busca convertir a la Argentina en un exportador relevante de hidrocarburos, especialmente a partir del crecimiento de la producción en Vaca Muerta.
Entre los objetivos planteados por el Gobierno se encuentra aumentar la generación de divisas mediante la exportación de hidrocarburos y promover un mercado con mayor participación privada.
La administración Milei sostiene que la eliminación de regulaciones consideradas obsoletas permitirá atraer inversiones, mejorar la eficiencia del sistema y fortalecer la competitividad del sector energético.
Continúa la emergencia energética
La medida se toma mientras continúa vigente la emergencia del sector energético nacional, declarada en diciembre de 2023 y prorrogada hasta 2027.
El Gobierno argumentó que todavía existen desafíos relacionados con la infraestructura, el transporte, la inversión y la necesidad de adecuar el sistema a un esquema más competitivo.
El decreto también se vincula con la denominada Reconfiguración del Sistema de Transporte de Gas Natural, que comenzó a implementarse durante 2026 y que busca modificar la organización del mercado para avanzar hacia un esquema de mayor contratación y competencia.
Una nueva etapa para el mercado del gas
Con esta decisión, el Ejecutivo profundiza su estrategia de desregulación energética y modifica reglas que estuvieron vigentes durante más de dos décadas.
Mientras el Gobierno asegura que la medida permitirá mayor inversión, previsibilidad y crecimiento exportador, sectores críticos advierten que los cambios podrían generar nuevos desafíos en materia de tarifas y acceso al servicio.
El impacto final dependerá de cómo se implemente el nuevo esquema tarifario y de la respuesta de las empresas del sector ante las nuevas condiciones regulatorias.
